Nace la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

La Plataforma exige a la Administración la modificación de la actual Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales

La Plataforma representa ya a más de 700.000 empresas, pimes y autónomos de toda España, con un volumen de negocio superior a los 380.000M de euros

La tasa de impagados alcanzó el 7,10% en enero de este año, 4 puntos superior a la del mismo mes del ejercicio anterior

Hoy, 20 de marzo, diferentes patronales, asociaciones, federaciones y confederaciones

de empresarios de toda España han constituido Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, puesto que la falta de financiación está provocando un fuerte aumento de los impagados, y como consecuencia, el cierre de muchas empresas y una considerable pérdida de puesto de trabajo.

El objetivo del foro es reclamar ante la Administración central la modificación de la actual Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, ya que resulta del todo ineficiente para acabar con esta práctica nociva y carente de toda ética. Si bien la Plataforma está formada por muchas asociaciones adheridas, las organizaciones constituyentes son: ADIME, AFME, ANDIMAC, ANFALUM, AMASCAL, CEPCO, CONAIF, CVE, FACEL, FENIE, FERCA y PIMEC.

Hasta la fecha, y a la espera de nuevas adhesiones patronales, la Plataforma constituida representa a más de 700.000 empresas (micro, pequeña y mediana empresa, y autónomos) de toda España, con un volumen de negocio superior a los 380.000 millones de euros y ocupan a más de 1 millón de trabajadores. Para la Plataforma, la no modificación de la Ley 3/2004 puede llevar a la quiebra a pymes y autónomos, por lo que también va a solicitar al Gobierno que inste a las Administraciones públicas y locales, a que cumplan con rigor los plazos de pago con sus proveedores.

La Plataforma, que está formada por patronales representantes multisectoriales de la pequeña y mediana empresa y asociaciones sectoriales del ámbito autonómico y estatal, aboga por suprimir las cláusulas abusivas en los contratos y establecer, por ley, un plazo máximo de pago fijado en 30 días y, excepcionalmente, en un periodo transitorio, de 60 días a partir de la fecha de factura.

Esta propuesta coincide con la reforma legal que ya ha entrado en vigor en Francia, que establece un plazo máximo de pago en operaciones comerciales de 45 días a contar desde el último día del mes o 60 días a partir de la fecha de emisión de la factura o de recepción de la mercancía o servicio prestado, plazo que será obligatorio en Francia durante un periodo de transición de 5 años, tras el cual el plazo legal será de 30 días, y sujeto a un régimen sancionador, que tiene como principal premisa, defender al acreedor ante un impago.

 De acuerdo con los últimos datos disponibles en España, el período medio de cobro de las facturas es de 120 días en 2008 (124 en el sector de la construcción, y hay sectores que están soportando períodos de cobro superiores a los 200 días), que contrastan con los 55,5 días para el conjunto de Europa (65,3 en el caso del sector público) y con los 30-40 de los países nórdicos. Otro dato que se debe tener en cuenta es la tasa de impagados, que alcanzó el 7,10% en enero de este año, 4 puntos superior a la del mismo mes del ejercicio anterior.

En un entorno como el actual de dificultades para obtener financiación externa por parte de las empresas, adquieren especial relieve las posibilidades de intentar obtenerla a través de vías alternativas. Por eso mismo, pasar de los 120 días actuales a 60 días de cobro supondría que las pymes ahorrarían anualmente unos 4.000M de euros en costes financieros.