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  • Iberdrola demanda a Gas Natural por frenar el traspaso de 300.000 usuarios (El País, 2-XI-09)

Para paz, los cementerios. En los negocios, no hay tregua. Un ejemplo: Iberdrola ha denunciado a Gas Natural ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por obstaculizar, supuestamente, el cambio de suministrador de 300.000 clientes de gas. Acusa a la gasista de abuso de posición de dominio. Los tiempos han cambiado y nada queda de las razones que llevaron a Iberdrola a prestar apoyo hace cuatro años al intento de adquisición de Endesa por parte de la compañía gasista.

Ahora, toca combatir. Y en eso, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha mostrado vocación sobrada. La cifra de clientes secuestrada por Gas Natural, según argumenta la eléctrica, no es un asunto menor. 300.000 usuarios suponen seis veces los habitantes de la ciudad de Ávila. Consultada Gas Natural, restó trascendencia a la posible denuncia. Según la compañía, las demandas entre empresas son moneda corriente y en algunos casos, como recientemente en la Comunidad de Valencia, demandas aceptadas por Competencia contra la compañía, a instancias también de Iberdrola, fueron desestimadas por los tribunales de justicia.

No obstante, la polémica está servida. En esencia, la denuncia de Iberdrola, presentada ante la Dirección de Investigación de la CNC en septiembre, acusa a Gas natural de rechazar, desde mediados del año 2007, las sucesivas solicitudes de cambio de suministrador enviadas por la compañía para los consumidores domésticos y pequeñas y medianas empresas captados por Iberdrola a través de ofertas telefónicas.

Tras la demanda se esconde la lucha feroz por los clientes entre las grandes comercializadoras de gas -filiales de las empresas energéticas- y dos compañías con estrategias de negocio muy distintas, como son Iberdrola, con la vista puesta en las renovables y en los mercados exteriores- y Gas Natural -más volcada en el gas y en el mercado interno.

Como han denunciado en numerosas ocasiones las organizaciones de consumidores, la liberalización de los mercados de gas y de electricidad, con la teórica multiplicación de ofertas, ha venido acompañada también de una gran confusión. Los usuarios se enfrentan, a menudo, a agresivas campañas, telefónicas y postales, en las que en términos confusos se les informa de traspasos de contratos, multiplicidad de tarifas y posibles rebajas que pocos entienden. Tras las agresivas campañas, hasta ahora, hay poco beneficio para el usuario.

Por eso, cada cliente arrebatado a la competencia es un triunfo y por eso, Iberdrola ha decidido desenterrar el hacha contra Gas Natural-Unión Fenosa por obstaculizar el cambio de clientes.

Frente a las acusaciones, Gas Natural argumenta que para aceptar el cambio de un cliente suyo, precisa la conformidad por escrito del interesado. Iberdrola, por el contrario, argumenta que basta con la grabación en la que el cliente de gas natural da su conformidad al traspaso. La obligación de aportar prueba escrita, argumentan en la compañía de Sánchez Galán, no está recogida en ninguna parte. De hecho, la norma que regula la cuestión -artículo 44.2 d) del Real Decreto 1434/2002 únicamente exige que se recoja en la solicitud de cambio de compañía la “conformidad del cliente”.

Para redondear la denuncia, Iberdrola cuestiona la campaña lanzada por Gas Natural entre sus clientes, advirtiéndoles de riesgos de engaño o fraude por parte de comerciales que ofrecen cambios de suministro. Iberdrola califica los términos de la campaña de engañosos.

 

  • Mutua Madrileña pagará el seguro a los parados (El País, 2-XI-09)

Mutua Madrileña ha puesto en marcha un seguro de protección de pagos por el que se hará cargo, hasta el 1 de noviembre de 2011, del importe de todas las pólizas contratadas por sus mutualistas en caso de que éstos se queden en situación de desempleo. La medida beneficiará a los mutualistas y a los clientes de Aresa, su compañía de seguros de salud, que sean despedidos, y se aplicará, por tanto, a los seguros de autos, motos, hogar, vida riesgo, accidentes y salud.

La nueva cobertura no supondrá un aumento de precio de las primas y busca ayudar a sus mutualistas y asegurados en la actual coyuntura de recesión económica y aumento del desempleo.

 

  • El Estado gana al sector eléctrico la batalla legal contra las tarifas de la luz (ABC, 2-XI-2009)

El conflicto desatado entre el Gobierno socialista y el sector eléctrico por la deficitaria tarifa de la luz fijada por el Ministerio de Industria en julio de 2007 se ha saldado, finalmente, a favor del Estado, con un fallo del Tribunal Supremo, según la sentencia del caso emitida por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo a la que ha podido tener acceso ABC.

Aquella subida de la factura de la luz se quedó en el 1,81% de media ponderada, al tiempo que fijó en 49,23 euros el precio del megavatio (MW/h) para las filiales distribuidoras de las grandes compañías eléctricas.

El objetivo era contener, de un lado, el encarecimiento del recibo eléctrico y controlar, de otro, el creciente déficit tarifario del sistema que hoy alcanza los 15.000 millones de euros.

Esta decisión se articuló a través del real decreto 871/2007, que fue recurrido entonces por Iberdrola y contó con la personación en la causa de Unión Fenosa, Endesa, Hidrocantábrico, Gas Natural y Cide.

Todos estos grupos lo consideraron «inconstitucional» por colocar el precio de la electricidad en un nivel «insuficiente para retribuir las actividades eléctricas» y ser así una «actuación contraria al principio de suficiencia tarifaria».

El Supremo, sin embargo, desestima el recurso en todos sus puntos por cuanto el Gobierno reconocía que sus tarifas eran insuficientes, pero creaba el mecanismo del déficit «ex-ante» para compensarlas.

El fallo del Alto Tribunal legaliza así el polémico déficit tarifario del sistema eléctrico, al tiempo que reconoce a las compañías el pleno derecho de recuperarlo.

Además, la sentencia del Supremo tiene importante relevancia jurídica por el elevado grado de libertad que reconoce al Gobierno en la fijación de su política energética y el impacto que ello tendrá en los procesos jurídicos en marcha, pero también por las consecuencias de la batalla que iniciaron entonces las compañías.

Con el sector eléctrico en pie de guerra, Iberdrola desafió al Gobierno al sacar su energía del mercado mayorista para no tener que someterla al precio fijado por el Ejecutivo. Un plante que está siendo investigado ahora por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al entender que pudo perjudicar a los consumidores españoles de electricidad.

La sentencia del Supremo supone un punto de apoyo para el expediente iniciado por el organismo que preside Luis Berenguer, que podría cerrarse con una multa a Iberdrola del 10% de la facturación obtenida con aquella actuación si el consejo de la CNC estima que vulneró la ley de la Competencia.

A la compañía eléctrica le cabe, al menos, el consuelo de que las costas del juicio visto en el Supremo correrán a cargo del Estado por no apreciarse mala fe en su recurso.

 

  • El PP se opondrá a las ayudas al carbón porque subirán la luz (ABC, 2-XI-2009

El polémico plan de incentivos al carbón nacional diseñado por el Gobierno no recibirá el apoyo del Partido Popular que sí esperaba obtener el ministro de Industria, Miguel Sebastián, según ha podido saber ABC.

El principal partido en la oposición ha decidido rechazar este programa de incentivos no porque considere que las ayudas no son necesarias sino porque entiende que se traducirán en una subida adicional de las tarifas eléctricas que reducirá la capacidad de consumo de las familias españolas y agravará, por tanto, la actual crisis económica. El temor del PP, que examina desde hace más de una semana el borrador de Real Decreto elaborado por el Ejecutivo, responde a que el proyecto normativo contempla que el coste de los incentivos -alrededor de 200 millones de euros- tendrá que ser sufragado por el recibo de la luz. Para el PP, sin embargo, esta maniobra no se corresponde con la racionalidad de la situación por la que atraviesa el país.

 

  • Gas Natural hace frente a las acusaciones de Iberdrola (El País, 3-XI-09)

Gas Natural salió ayer al paso de la denuncia realizada en su contra por Iberdrola ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por frenar, supuestamente, el traspaso de hasta 300.000 usuarios de gas. Según explicó la compañía gasista el método de cambio de cliente utilizado por Iberdrola, mediante switching telefónico, “no está permitido por la ley”.

“Como única prueba para el cambio de cliente sólo presentan una grabación telefónica, lo que no está permitido por la ley”, sostiene la gasista, que dice haber realizado dos consultas a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para esclarecer este aspecto.

En la primera de ellas, correspondiente a septiembre de 2007, el regulador energético indicó que el consentimiento verbal no aparece recogido por el real decreto 1434/2002, mientras que en la segunda, de 2008, señala que el cambio de titularidad debe realizarse con garantías y respetando los derechos de los clientes.

Frente a las explicaciones de Gas Natural, Iberdrola sostiene que no existe ninguna norma en la que se detalle que las grabaciones no son válidas a la hora de probar el consentimiento de un usuario para cambiar de empresa suministradora.

Iberdrola ha lanzado una oferta para clientes residenciales y negocios llamada Energía Dual, en la que incentiva la contratación conjunta de gas y electricidad mediante la aplicación de descuentos de hasta el 15% en el primero de estos dos productos y un precio fijo para el segundo. La eléctrica explicó que la iniciativa intenta facilitar la adaptación de los consumidores al nuevo mercado liberalizado. La prestación de un servicio integral, señala, pretende impulsar la captación de clientes en el área del gas.

 

  • Las Administraciones Públicas tardan en pagar 139 días (Expansión, 3-XI-09)

Las Administraciones Públicas tardan en pagar una media de 139 días en España, según se desprende del ‘Índice de Riesgo 2009’, elaborado por Intrum Justicia.

A pesar de esta tardanza, pagar a la Administración es una de las prioridades de las empresas. Sólo la Seguridad Social de los empleados y el proveedor principal de la empresa tienen preferencia en los pagos de las empresas españolas sobre la Administración.

“Los datos de nuestro estudio muestran que las facturas de la administración pública son prioritarias para las empresas españolas”, explica el informe.

Según el estudio, el 67% de las empresas espera unas pérdidas de sus ingresos como consecuencia del retraso en los pagos e impagos, mientras que el 78% teme que afecte a su liquidez, más que en 2008.

Además, el grupo sueco estima que el 90% de las empresas recibe los pagos de sus facturas con retraso por las dificultades financieras de sus clientes.

 

  • Seis o siete empresas, interesadas en los puntos de distribución de Gas Natural en Madrid (El Economista, 3-XI-09)

Seis o siete empresas están interesadas en hacerse con los puntos de distribución de gas en la comunidad de Madrid que Gas Natural tiene que desinvertir, de acuerdo con las exigencias impuestas por las autoridades de competencia en el proceso de compra sobre Unión Fenosa.

Fuentes cercanas a la compañía precisaron hoy a la prensa que un total de seis o siete compañías están interesadas y que la operación se cerrará, previsiblemente, antes de que acabe el año.

 

  • Los sindicatos no descartan ahora abordar una reforma laboral (El Mundo, 6-XI-09)

Los sindicatos CCOO y UGT no descartan abordar una reforma laboral después de acordar con la patronal un acuerdo de negociación colectiva para los próximos tres años, dentro de un clima de “normalidad y cumplimiento de lo pactado”.

Así lo ha expresado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, quien ha presentado, junto al de UGT, Cándido Méndez, un documento de propuestas sindicales unitarias para el empleo, los salarios y el excedente empresarial.

Según Toxo, “eventuales reformas laborales podrían valorarse” si antes se logra un acuerdo de negociación colectiva. Es la primera vez que los sindicatos acceden a negociar una reforma laboral, una de las exigencias de la CEOE en el diálogo social, bloqueados desde hace meses.

Sin embargo esta predisposición tiene muchos matices. Ya que esta reforma se haría “a su tiempo” y siempre “en un marco de normalidad y de cumplimiento de la negociación colectiva”.

De este modo, los sindicatos no están dispuestos a reformar el Estatuto de los Trabajadores en temas como la contratación o el despido -ambos los que quiere tocar la CEOE-, pero sí negociar la reforma de la negociación colectiva y de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Desde el convencimiento de que las reformas laborales “no son la llave” para crear empleo, Toxo declaró que tanto la reforma de la negociación colectiva como la de las mutuas serían dos reformas “de calado y potentes”, que ofrecerían mejores resultados que aquellas donde sindicatos y empresarios acaban “encallándose”.

Cándido Méndez ha dejado claro que una reforma no tiene por qué ser sinónimo de recorte y que los sindicatos “no compartirán nunca reformas que supongan recortes” en los derechos de los trabajadores.

Toxo ha afirmado que es “altamente probable” que en la próxima semana o la siguiente puedan firmar un acuerdo con la CEOE para desbloquear la negociación colectiva y los convenios de este año. Tras ello, los sindicatos estarían dispuestos a negociar una reforma laboral.

Toxo ha subrayado que “en las últimas semanas las negociaciones entre empresarios y sindicatos han avanzado bastante”, lo que ha propiciado la posibilidad de que se cierre dicho acuerdo.

Según el dirigente de CCOO, “esto resolvería en parte el nudo de la negociación colectiva” en el presente ejercicio y permitiría abordar la posibilidad de alcanzar un acuerdo plurianual que sirva, “al menos”, como marco de la negociación colectiva para 2010, 2011 y 2012.

Para este acuerdo, CCOO y UGT proponen una subida entre el 1% y el 2% para 2010 y para los siguientes años ganancia de poder adquisitivo. Igualmente, defienden que los salarios más bajos evolucionen en la línea con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Asimismo, consideran necesario evitar la utilización injustificada del contrato temporal.

 

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